Lee Jae-yong, también conocido como Jay Y. Lee, nació en Seúl, Corea del Sur, en 1968. Es el tercer hijo del fundador de Samsung, Lee Byung-chul.
Después de estudiar en la Universidad Nacional de Seúl y la Universidad Harvard, comenzó a trabajar para Samsung en 1991. En 2009, se convirtió en vicepresidente de Samsung Electronics y en 2013, fue nombrado vicepresidente del grupo Samsung.
Lee ha sido considerado por muchos como el heredero del imperio Samsung y ha estado involucrado en varias iniciativas empresariales importantes, como la adquisición de la empresa de audio y electrónica Harman International en 2016.
En 2017, Lee fue condenado a cinco años de prisión por corrupción y soborno en relación con el escándalo político que sacudió a Corea del Sur ese año. Fue liberado en libertad condicional en febrero de 2018 después de cumplir más de un año en prisión.
Actualmente, Lee lidera Samsung Electronics como co-CEO y presidente del grupo Samsung. También es miembro del Comité Olímpico Internacional y ha encabezado la delegación surcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en Pyeongchang.
Im Se-ryung y Lee Jae-yong se han visto envueltos en un escándalo de corrupción en Corea del Sur. Im Se-ryung es la hija del exjefe de la Administración de Seguridad y Asuntos Domésticos, Im Jong-hyun, y Lee Jae-yong es el heredero de Samsung, la empresa más grande de Corea del Sur.
Según los informes, Im Se-ryung supuestamente recibió un trato especial en su admisión a la Universidad Ewha Womans debido a la influencia de su padre. Se alega que Lee Jae-yong donó millones de dólares a fundaciones controladas por Choi Soon-sil, una amiga de la expresidenta Park Geun-hye, a cambio de favores políticos.
Ambas partes han negado las acusaciones, pero han sido investigadas y llevadas ante la justicia por cargos de corrupción. Lee Jae-yong fue condenado en 2017 a cinco años de prisión por sobornar a Choi Soon-sil, pero fue liberado en 2018 después de que un tribunal redujera su condena y suspendiera su sentencia.
El caso ha causado gran indignación en Corea del Sur y ha aumentado la presión sobre las empresas para que sean más transparentes y éticas en sus prácticas comerciales. Además, el incidente ha llevado a una reevaluación de las relaciones entre los negocios y el gobierno en Corea del Sur.